Las INDDHH y los Estándares Internacionales de Derechos Humanos

Los Principios de París establecen expresamente que las INDDHH deben velar por la armonización de las leyes y prácticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos fomentando la ratificación o adhesión y la implementación de estos instrumentos, contribuyendo a los informes de los Estados miembros a los órganos de las Naciones Unidas, y cooperando con una amplio rango de instituciones internacionales de derechos humanos.

En la práctica, un mandato formal de este tipo es común pero no universal entre las instituciones nacionales. La Comisión Australiana de Derechos Humanos es el organismo de ejecución de una serie de tratados internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR). Por el contrario, solo 6 de las 16 instituciones nacionales en América Latina (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela) tienen un mandato explícito de derechos humanos internacionales. La mayoría de las oficinas están dirigidas a defender y promover los derechos contenidos en la Constitución y leyes nacionales. Las INDDHH regionales tienen, por lo tanto, lo que podría llamarse un mandato de facilitación de los derechos humanos internacionales. Las normas internacionales de derechos humanos que sean ratificadas posteriormente caerán bajo su competencia.

En la práctica, todas las INDDHH en América Latina han entendido que su mandato incluía las funciones básicas que se corresponden con la categoría “A” de los Principios de París. A pesar de que la mayoría de las instituciones nacionales se asocian con el derecho derivado de los tratados internacionales, su utilización de estas normas está condicionada por una serie de factores. Pocas INDDHH latinoamericanas incluyen dentro de su mandato a todos los derechos económicos, sociales y culturales y por lo tanto deben realizar una interpretación creativa de sus mandatos. Tal contingencia se acentúa en situaciones en las que sólo se otorga a los tratados la jerarquía normativa de la legislación nacional, o cuando la Constitución no incorpora o no hace referencia a tratados internacionales de derechos humanos. Más allá de las atribuciones formales, la función de armonización de las INDDHH estará condicionada por el contexto institucional y social más amplio, y por la medida en que las INDDHH perciban su papel en términos de la defensa de las normas internacionales y la relevancia de éstas para sus actividades diarias.